LA LEY DE PELIGROSIDAD EN CUBA, EL POR QUÉ Y LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR EL GOBIERNO

La medida pre-delictiva o Ley de Peligrosidad Social, como se le conoce en Cuba, fue creada por el Gobierno de la Isla para llevar a prisión a toda persona que decida no emplearse en una empresa estatal.

El nacimiento de esta ley obsoleta se debe a varios factores. En primer lugar, el Gobierno es el único empleador al no generar recursos laborales que estimulen económicamente por su exsaservado control sobre los medios de producción.

Truncan toda puesta en marcha de nuevas ideas de origen independiente en sentido económico o polítco. Lo que sin duda alguna, abrirían una puerta a las  reformas políticas que traerían el definitivo derrumbe de la economía centralizada existente, y esto traería consigo que se produzca una liberación económica y el surgimiento de empesas privadas como tendencia al libre mercado. 

Al no permitir estas ideas el Gobierno cubano, sufre la economía un deficit presupuestario, mientras que las empresas, algunas quiebran y otras operan con grandes pérdidas económicas. Incompatibles con el factor que se busca con una empresa, que no es más que el crecimiento y búsqueda del capital.

Por tanto, estas empresas a su vez, gastan recursos energéticos, humanos, económicos y sociales que las sumen en un caos que se agudiza en pocos años. Sus trabajadores al no persivir un estímulo económico desisten del interés en sus labores; abandonan el  trabajo y se genera con esto el otro problema social del desempleo.

Ahora bien, el Gobierno, conociendo la situación pero empecinado en su incosteable y obsoleta política, omite esta ley o medida que le confiere facultad a las autoridades policiales para declarar que un individuo es peligroso dentro del medio de convivencia, mediante, aceptable, debido a que no genera una utilidad social por esfuerzo propio, acatando la única regla gubernamental del empleo estatal, ya que el gobierno no observa con buenos ojos, la escasa permisivilidad de la prestación de servicio u empleo por cuenta propia.

Esta medida coacciona y limita al individuo en su derecho a la vida y a la libertad ya que es usada por la policía y los tribunales del estado cubano con su ingnominia y con desventajas para los ciudadanos a los cuales detienen con sorpresa, con previa redacción de documentos sin el debido conocimiento de los civiles ni sus abogados, donde en cuyos sumarisimos procesos judiciales, cualquier cosas puede bastarles a las autoridades judiciales para incriminar con una tentativa, y dictar una sentencia de 4 u 8 años de prisión, ya sea a un hombre o a una mujer.

Esta medida totalmente inaceptable para la sociedad en todo su conjunto, no solo  atemoriza a los ciudadanos (incluidos los policías) pues genera grandes flagelos. El primero, la desconfianza y seguridad de los civiles hacia sus autoridades, así como otras más peligrosas para la seguridad nacional. La divición y odios fraticidas, la improductividad dilectiva, y a la larga daña de igual forma al gobierno pues fortalece el descontento social, aumenta la disidencia (con justa razón), y sienta con muchas fuerzas el peligro en cierne para el gobierno y el pueblo, de que al producirse un desmoronamiento del poder del gobierno, se generen fracciones populares y militares que compitan por el poder con métodos violentos.

El Gobierno, sin duda, y los que hoy tienen responsabilidades en él, debieran ponerse a pensar en esto; renovar y cambiar paulatinamente su política, flexibilizándola a un sistema totalmente democrático, y de más oportunidades para todos, desechando de una vez y por todas, las leyes y preceptos jurídicos nocivos a la economía,  la moral y la justicia.

Comentarios

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