CUBA, ENTRE LA INJUSTICIA FLAGRANTE Y LA FARSA JUDICIAL

Héctor Julio Cedeño Negrín
Periodista Independiente

Olga Lidia Ramírez Maura, madre de la niña de trece años Lorenys de la Caridad Sánchez Ramírez. Foto: Héctor Julio Cedeño Negrín.

(www.miscelaneasdecuba.net).- Cuando los cubanos derroquemos, por fin, a la abyecta dictadura castro- ascista que hoy esclaviza al pueblo de Cuba, tendremos necesariamente que demoler hasta sus cimientos los organismos diabólicos de la tiranía, que son especialmente el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. O de la Injusticia, más merecidamente. Sustento idóneo para el sistema de tortura, ignominia y venganza, que los hermanos Castro han institucionalizado, en la tierra cubana.

Inevitablemente tendremos que pedir ayuda internacional para sustituir a muchos funcionarios, porque deberemos destituir a la inmensa mayoría de los jueces y a un cúmulo sorprendente de carceleros y policías.

Tendremos que permitir que Jueces y oficiales internacionales trabajen en nuestro país, mientras preparemos y califiquemos nuevos funcionarios con auténtico criterio, respetuosos de los derechos y de las libertades.

Imaginan muchos de los que hoy ejercen, arbitraria y caprichosamente, los órganos para impartir justicia, que gozarán de total impunidad. Pero un número considerable de ellos irán a parar directamente a las cárceles, por sus múltiples violaciones de los derechos, de las libertades y por su perniciosa e inconmensurable corrupción y por su incondicionalidad a un sistema político y partidista, que subordina la justicia a las conveniencias políticas de una dictadura totalitaria.
 
La conformación de los actuales tribunales y su actuación pública no provoca risa, porque en múltiples ocasiones resultan encarceladas y condenadas muchas personas inocentes, las que son sepultadas durante muchos años en las cárceles cubanas.

En juicios preparados, en los que las sentencias son decididas previamente, por un conjunto de Jueces con criterios o conveniencias políticas. Muchos de los llamados “Oficiales”, que se sientan en las Cortes, vestidos y togados para el acto, son una especie de bultos inútiles, con la única función de hacer de relleno, en vistas en la que los Fiscales, parecen dirigir las acciones de los Tribunales y donde los abogados defensores son simples peleles.

Sobre todo con ese procedimiento empleado por los jueces, delictivo a todas luces, que ellos llaman “Convicción Moral”. Estas audiencias son mucho más parecidas a una actuación teatral, que a la verdadera impartición de justicia.
 
Este, por ejemplo, parece ser el caso de Olga Lidia Ramírez Maura, madre de la niña de trece años Lorenys de la Caridad Sánchez Ramírez, la que fue condenada a siete años de prisión en la Causa 532 de 2008, en el Tribunal Provincial de Ciudad de la Habana por supuestamente dedicarse al Tráfico de personas.

Esto sin tener posibilidad alguna de procurarse algún tipo de transporte para salir de Cuba o de sacar a alguien del territorio nacional. Que debería ser un barco o algún equipo de aviación o relaciones con alguien que poseyera tales vehículos, pero además, que tuvieran la posibilidad real de poder transportar a alguien y que no fuera parte de la invención y de la fantasía, como es evidente.
 
La acusación contra la ciudadana es la de pretender organizar la deserción de un grupo de jugadores de béisbol, porque según dicen, ella se comunicaba y se relacionaba con un ciudadano venezolano, que actuaría supuestamente como un caza talentos, nada probado, ni probable y que se basan en supuestos correos electrónicos, completamente públicos, que ni siquiera ella recibía personalmente, sino a través de otra persona y que podía leer todo el mundo, que nada dicen y que el Tribunal considera, que aunque nada menciona del supuesto plan de deserción, ni de lanchas, ni de nada.

Deben estar escritos en alguna clave secreta (para ellos todos somos espías). Esto por la paranoia de la dictadura gobernante en Cuba, de que los atletas, esclavos del Gobierno cubano, se largan simplemente a cualquier país, que los trate decentemente y no los esquilme, ni les exprima, como a siervos ó esclavos y no los utilicen para aportar el dinero que ganan en las competiciones internacionales en las que participan y que aquí están obligados a entregarlo a la satrapía que desgobierna a Cuba.

Estos atletas, cuando salen del territorio nacional para participar en alguna competencia, son custodiados por la [...] Seguridad del Estado para evitar que puedan desertar. Cuando existe la posibilidad de que los atletas puedan quedarse en algún país libre, los dictadores no permiten la participación de la delegación cubana, como en el caso reciente de los eventos deportivos en Puerto Rico, en los que la delegación cubana “declinó” participar.
 
Dicha persona era una simple secretaría en una Academia Deportiva, de Béisbol, Sofbol y Fútbol y fue condenada por el supuesto tráfico de atletas, para ser contratados por las llamadas ligas profesionales de béisbol.

Sin pruebas y con un solo testigo amañado y chantajeado, como si ellos fueran los dueños de los ciudadanos cubanos o como si esos individuos aptos para jugar en las ligas profesionales fueran niños pequeños y no personas adultas, que saben perfectamente que en Cuba funciona una dictadura fascista y que en cualquier lugar del mundo, se vive mil veces mejor que aquí, incluido Haití o el más pobre de los países del África.

Cualquiera sabe y ya hasta los niños lo conocen, que en este país, de hambre, de miseria y de tiranía, se vive mucho peor que en cualquiera otra parte del planeta, por eso los cubanos escapan por miles a donde sea.
 
La convicta, desesperada por la larga pena de siete años, a la que fue condenada, como si hubiera cometido un horroroso homicidio, intentó suicidarse en varias ocasiones, desesperada por tener que soportar la estancia, en una de las ergástulas inmundas de la tiranía castrista, aptas sólo para enterrar personas vivas, cuando ella no tiene, ni antecedentes penales.

Tiene además una niña que ha sido acosada, incluso, por el jefe de Sector de la Policía, que se ha personado en la escuela donde ella estudia, hostigándola y sufre en carne propia la situación. La niña además y debido a los traumas causados por la condena a su madre, está siendo tratada por un psiquiatra.

Todo este panorama se produce, por el capricho de un sistema político y de un dictador, que reflexiona y concluye, que los deportistas no tienen derecho a ser remunerados. Pero lo justo debe ser, que por el esfuerzo titánico que realizan ellos, para entretener a la población, deberían recibir una alta remuneración, dado lo excepcional de su labor y sus cualidades, que exigen voluntad, dedicación e intrepidez únicas para los que han nacido algunos seres humanos.

No es el deporte sólo un derecho del pueblo, sino que los deportistas de alto rendimiento poseen un don que Dios les ha dado y por ello merecen ser premiados como nadie. Ese don pertenece a ellos, que lo poseen y nadie debe usarlos como mercaderías para el beneficio de ningún gobierno ni sistema. Sólo ellos deben tener el derecho de elegir libremente donde desean realizarse y no ser tenidos como un medio de propaganda de un régimen, ni como rehenes de una dictadura, que los explota.
 
En la condena de esta Señora, existe un claro trasfondo político, pues ella fue una de las firmantes del conocido “Proyecto Varela” y ya se sabe de las represalias, que toman los actuales gobernantes contra los firmantes de dicho proyecto, por lo que además constituye una venganza política al trabajar la encartada en un lugar tan sensible como es una Academia Deportiva, donde sus trabajadores deben ser verdaderos incondicionales de la dictadura.

Pero además, esta mujer estudia Licenciatura en Cultura Física, en la que sólo le resta discutir la tesis. De alguna manera debe ser eliminada del sistema deportivo, esta ex atleta (Judoka), por no ser confiable para el régimen. Es por ello que han realizado esta farsa judicial con el objetivo de venganza y de humillación, para convertir a una ciudadana honesta en una simple presidiaria, denigrarla y marginarla de esta forma, de la sociedad.
 
De su caso se pueden aportar muchos detalles, pero por la urgencia de esta denuncia, le iremos dando seguimiento posteriormente, ya que a pesar de estar bajo tratamiento Psiquiátrico, que considera su situación, incompatible con el régimen carcelario, es acosada frecuentemente por la Policía y especialmente por el Jefe de Sector, persona de pésimo nivel escolar, que cada vez que se presenta en su domicilio la intimida y la amenaza e igualmente incrimina a su niña.

En ocasiones parquean en los bajos del edificio donde reside, un carro patrullero, con lo que provocan la zozobra y la desesperación de la ciudadana y de la niña, al temer que la lleven a prisión. Además no se le permiten trabajar para mantenerse y mantener a la menor, viviendo prácticamente de la caridad pública, constituyendo este hecho, una violación evidente de sus derechos humanos.
 
Ella vive además con el padre de la niña desde hace quince años, con el que en la actualidad no tiene relaciones conyugales y esta situación es también azuzada, por los agentes de la autoridad con lo que provocan conflictos.

Recientemente el ex-cónyuge puso un candado en la puerta de la casa, privándole de su ingreso al domicilio, que se encuentra situado en la calle Primeyes, # 891, entre Santa Catalina y Avenida Norte en el Cerro, Ciudad de la Habana. Ella no se atreve a denunciarlo, por miedo a que la apresen.

Comentarios

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