Son pocos los directivos que resisten los vahos venenosos del poder y no sucumben en la consumación del delito económico.
En la empresa de Camiones del Centro del Ministerio de Transporte en Santa Clara, dedicada al acarreo de mercancías, hace cerca de un año se realizó una auditoría fiscal y policíaca que aún continúa sin concluir.
En la investigación y revisión de documentos resultó que se cometieron delitos de apropiación indebida, malversación y descontrol financiero, involucrados en ellos, los funcionarios de la unidad transportista nombrados Nelson González, jefe de la agencia de fletes, jefe de suministros y comprador; Berta Toledo, jefe de servicio interno y David Prieto, director de la empresa de camiones.
No se ha dejado en claro el monto de las peédidas materiales con que se afectó a la economía del país. En el transcurso de la fiscalización se conoció de facturas y cheques de pago relacionados con transacciones bancarias sin concordancia o conciliación adecuada entre la empresa Camiones del Centro, el banco donde se efectuaron los pagos y los organismos acreedores, principalmente la Empresa de Abastecimiento al Turismo, ABATUR. S. A., que sólo efectúa a sectores de la economía con pagos en moneda libremente convertible -MLC- o divisas extranjeras.
Según fuentes relacionadas con esta actividad, en esta última moneda la afectación pasaba de veintiséis mil dólares y otro tanto en moneda nacional.
Al cabo de varios meses de investigación policial y fiscal, los empleados de esta empresa manifestaban su inconformidad en todas partes y en su centro de trabajo hacían comentarios al respecto y dudaban de su esclarecimiento.
El día 30 de noviembre del 2007 se celebró el juicio correspondiente. En él solo condenaron al Sr. Nelson González, detenido por la policía y recluido en prisión desde los primeros meses, él mismo había desaparecido a ocho años de privación de libertad.
El Sr. Prieto y su esposa Berta fueron destituidos de sus cargos dirigentes y llevados a la jubilación forzosa por descontrol en sus funciones administrativas; son miembros del Partido Comunista de Cuba, PCC.
En la vista oral del juicio civil solo se consignó la apropiación de recursos financieros en moneda nacional quedando en duda la actitud legal del jefe de abastecimientos técnico material (ATM) nombrado Reinaldo Torres, que según trabajadores puede ser enjuiciado porque controla los pagos en pesos cubanos.
En el periódico local Vanguardia apareció una escueta información donde se consignaron estos hechos, el juicio y las risibles condenas a los encartados, mencionadas en los últimos párrafos.
