MÁS REPRESIÓN Y CORRUPCIÓN, EL BINOMIO DE RAÚL CASTRO

Transparency International TI, elabora un índice reconocido a nivel internacional para medir la percepción de la corrupción en 180 países del mundo y que se fija en la escala 0 (máxima corrupción), 10 (mínima corrupción). De acuerdo con esta institución, se calcula para el régimen de Raúl Castro un valor de 4,4, suspenso, puntuación que sitúa a Cuba en el puesto número 61 del ranking mundial.

A nivel continental, Cuba ocupa el puesto número 11 de un total de 31 países. Con respecto a un año antes, el índice ha mejorado tan solo una décima, y Cuba sigue ocupando el puesto número 11 en el continente por debajo de la mayoría de países del Caribe, Puerto Rico o Costa Rica. (Vea tabla del índice de corrupción)
 
Se observa así que el régimen comunista sigue sin dar los pasos necesarios en la línea de mejorar la reputación internacional del país, como consecuencia del desmesurado control que ejerce el aparato político del partido único sobre la práctica totalidad de las actividades económicas y sociales, lo que impide cualquier despliegue de sociedad civil.

Nadie duda, a estas alturas, que la orientación hacia la economía de mercado y el establecimiento de un marco estable y duradero de respeto a los derechos de propiedad puede ser un auténtico revulsivo para la economía cubana y su posición en el mundo en términos de transparencia.

El otro informe, elaborado por la organización Human Rights Watch, HRW, es igualmente importante, y viene a poner el dedo en la llaga, al señalar de forma explícita que desde su llegada al poder, “Raúl Castro ha encerrado a decenas de personas por ejercer sus libertades fundamentales y ha permitido que otros muchos presos políticos arrestados durante el gobierno de Fidel Castro continúen padeciendo las condiciones de su detención”. En vez de desarticular la maquinaria represiva del régimen comunista, Raúl Castro se apoya en ella para mantenerse en el poder.

La descripción de los mecanismos de represión utilizados por el régimen es una vergüenza.

El instrumento básico para ejercer la represión sigue siendo la disposición relativa a la “peligrosidad” del Código penal cubano que permite encarcelar a las personas antes de cometer un delito, y cuando existen sospechas de que lo puede hacer en el futuro. Human Rights Watch ha documentado más de 40 casos de detenciones por la aplicación de la “peligrosidad”. En total, 53 presos todavía padecen privación de libertad, según Human Rights Watch, desde la ola represiva de la primavera de 2003 por orden directa de Fidel Castro.

Además, se recurre a las leyes existentes, todavía no reformadas, de forma sistemática para acallar la libertad de expresión, que continúa siendo prohibida, la libertad sindical y los derechos laborales, así como cualquier forma de oposición. Interrogatorios abusivos, denegación de asistencia letrada y juicios parodia se convierten en el instrumento de represión más generalizado.

Se producen abusos continuos a los presos políticos en las cárceles, y continúan las palizas y las agresiones a los disidentes, como la sufrida por la bloggera cubana Yoani Sánchez. Se mantienen los actos públicos de repudio y denegación de trabajo, a lo que se une la negativa a pagar las transferencias bancarias, como sucede recientemente a una Dama de Blanco.

No debe extrañar, en tales condiciones, la rápida respuesta del gobierno cubano al Informe de Human Rights Watch de la voz de Alberto González, el responsable de prensa de la sección de intereses cubanos en Washington. Textualmente, se califica como “cínica y manipuladora la actitud de HRW al decir que apoya el levantamiento del embargo cuando utiliza los mismos argumentos que utiliza el gobierno de Estados Unidos para mantener, justificar el bloqueo y atacar a Cuba”. Palabras y más palabras.

Al final, la consecuencia de más corrupción y más represión es la misma: el pueblo cubano es el que termina pagando los costes de esta política. La presión conjunta de las democracias, Unión Europea, América Latina, Estados Unidos, Canadá, es la única garantía, según Human Rights Watch para que se cumpla una demanda concreta: “la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos en el plazo de seis meses”. Una vez liberados los presos, la política de las naciones hacia la Isla puede evolucionar, pero siempre con el objetivo último de facilitar la transición a la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos.