Amnistía Internacional demanda en un informe, que el régimen cubano libere a 75 paladines pro democracia encarcelados hace más de un año. El contenido de dicho informe muestra el infierno existencial en que estos viven, escribe Alexis Gainza Solenzal. [Nota introductoria de la redacción de Uppsala Nya Tidning].
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Un par de semanas atrás leí el informe más reciente que Amnistía Internacional publicase sobre Cuba. El informe lleva el título Un año injustamente encarcelados: Presos de conciencia detenidos en la campaña de represión de marzo de 2003. El documento de Amnistía, de 43 páginas, es un recordatorio al mundo de los arrestos arbitrarios, juicios injustos y condenas draconianas a cárcel a que fuesen sometidos 75 activistas pro derechos humanos hace poco más de un año.
El informe de Amnistía contiene una serie de consejos constructivos encaminados al gobierno que, presidido por Fidel Castro, realizase, a la sombra de la Guerra de Irak, la mayor razzia desde los años 60ts contra ciudadanos reformistas. Las exhortaciones abarcan principalmente tres campos: las condiciones de reclusión y el trato a los presos, la reclusión de personas consideradas presos de conciencia y la ratificación de instrumentos internacionales referentes a derechos humanos.
Primero que todo y lógicamente, Amnistía demanda la liberación – inmediata e incondicionalmente- de los prisioneros de conciencia. La organización teme sin embargo que los decisores de la Cuba de hoy difícilmente aceptarían tal demanda. Por ello, la organización humanitaria global reclama que los presos reciban atención y tratamiento médicos adecuados, que sean trasladados a instituciones más cerca de los hogares de sus seres más queridos, que por medio de comisiones imparciales e independientes se investigue si ha tenido lugar maltrato de los presos, que se permita la correspondencia con y desde el exterior, que se facilite el ejercicio de la creencia religiosa (incluidos contacto con el sacerdocio y la posibilidad de leer la Biblia), que se de una alimentación apropiada y se fomente una higiene aceptable, etc. En opinión de Amnistía, las autoridades cubanas deberían al menos seguir las recomendaciones de dos instrumentos internacionales: el Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y las Reglas Mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos.
Reforma del Código Penal
Entre las medidas profilácticas que la organización le recomienda emprender (¡una vez más!) a la Administración de La Habana para poner fin al creciente número de presos políticos y de conciencia, figuran además las siguientes: reformar el código penal e introducirle el derecho de los cubanos a las libertades básicas y los derechos humanos, garantizarle a los encausados por motivos políticos un juicio justo al igual que la posibilidad de elegir su propia defensa, así como dirimir las leyes que restringen los derechos humanos y libertades fundamentales, que por consecuencia resultan en (nuevos) prisioneros de conciencia.
Finalmente, Amnistía exhorta al gobierno de Cuba a que ratifique medidas internacionales llamadas a derogar la pena de muerte (el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Pues no se debe olvidar que al mismo tiempo que 75 demócratas eran arrestados, el gobierno de Fidel Castro ejecutó, después de juicio sumario y deficiente, a tres jóvenes que habían secuestrado una nave con el objetivo de abandonar el país. Ni siquiera el hecho de que los secuestradores no les causasen ningún daño físico a los rehenes, y que se entregasen voluntariamente a las autoridades pertinentes, fue aceptado por “la justicia” como circunstancia atenuante.
De los párrafos anteriores, uno se podría hacer la idea de que el informe de Amnistía consiste meramente en señalamientos burocráticos y ambiciosos tratados internacionales. Sin embargo no es así. Un anexo que refiere información ricamente detallada sobre la situación de los últimos 75 prisioneros de conciencia de la dictadura, ocupa el capítulo más extenso de la recopilación. Al margen de datos personales (como lo son nombre, edad, ciudad de residencia, membresía en organizaciones políticas y ciudadanas –de la oposición- de los presos de conciencia), se describe también las condenas impuestas (las cuales se extienden entre 6 y 28 años), las cárceles en que están confinados, su decadente estado de salud físico y mental, los maltratos y represalias a que han sido sometidos, las huelgas llevadas a cabo, las amenazas que los seres más cercanos han soportado, etc., etc. Casi todo está documentado, mostrando el infierno existencial que significa el ser traspasado al GULAG caribeño de Fidel Castro.
Alexis Gainza Solenzal,
Exiliado Cubano residente en Suecia.
