Cubaeconomía: boletín de noticias

Elías Amor Bravo economista

Los partidos políticos son organizaciones que tienen como objetivo movilizar el apoyo de la sociedad para implementar desde el gobierno sus programas e iniciativas. Al menos, esto es lo que buscan los partidos en los países democráticos, donde deben competir con otros en elecciones periódicas a fin de lograr el máximo apoyo ciudadano.

Cuanto más se acerque el partido a las demandas y necesidades de la sociedad, mayor será su éxito en la movilización del voto y el éxito electoral. Por ello, los partidos prestan una atención continua a las demandas de la gente y ofertan propuestas dirigidas a satisfacer las necesidades sociales. Sin embargo, conviene olvidarse de esto, para entender qué ocurre en Cuba con el único partido político autorizado desde el comienzo de la revolución, el comunista.

Disfrutar de monopolio en política tiene sus ventajas. Una de ellas, quizás la más importante, es despreocuparse de la sociedad y volcar toda la inteligencia en construir un armazón sólido que sirva para mantener el control que otorga el monopolio. Sin ataduras ni restricciones, los comunistas cubanos han sido un buen ejemplo de ello ¿De qué habla el partido comunista cubano cuando se reúne? ¿Cuáles son sus propuestas y mensajes a la sociedad? ¿Tienen alguna relación con la economía?

Una nota en Granma aborda estas cuestiones, al informar sobre la reunión del secretariado del comité central comunista con los primeros secretarios de los comités provinciales y el municipio especial Isla de la Juventud.  El artículo citado “Las ideas discutidas en el 8vo. Congreso del Partido siguen al rojo vivo”, enumera las cuestiones que los comunistas cubanos consideran necesarias para conectar con la sociedad.

Los problemas que preocupan a los comunistas cubanos, aquello de lo que reflexionaron en este cónclave con la asistencia de todos los altos dirigentes, fueron, entre otros, la defensa nacional, las reuniones de la militancia por sectores, el funcionamiento del partido en el primer trimestre de 2022, la política de cuadros en el sector empresarial, así como en el partido, la UJC y las organizaciones de masas, y la transformación del modelo de gestión de la prensa.Con la que está cayendo, y, sobre todo, la que va a caer, ¿de verdad tiene sentido dedicar un solo minuto a estas cuestiones?

En primer lugar, trabajar con intensidad y prioridad la preparación para la defensa. En este punto, el general de división Roberto Legrá, viceministro jefe del estado mayor general de las FAR, tomó la palabra en el encuentro para señalar que la defensa “es una de las prioridades que hoy tiene el país”. La verdad es que esta sigue siendo prioridad desde hace seis décadas.

Nada nuevo bajo el sol. Díaz Canel, dijo que “las condiciones en que se está moviendo el mundo hoy, ante la agresividad de Estados Unidos, que está tratando de imponer su hegemonía mundial y también recrudeciendo todas las acciones contra Cuba”, obligan a Cuba a trasladar al gobierno de Estados Unidos que “aquí hay disposición de enfrentar cualquier agresión, que tenemos capacidad y disposición combativa, que hay valor, y que nuestra gente está dispuesta a defender la revolución”.

Y que lo que se trata hoy es de “dar esa prioridad a la defensa, de aprovechar bien, con eficiencia, esas actividades, tomando en cuenta, entre otras realidades, las nuevas estructuras políticas y administrativas creadas y las circunstancias, que nos obligan a mantener una sistemática actualización en la defensa”. Se han pasado seis décadas esperando una invasión que nunca se producirá, y son incapaces de llamar a las cosas por su nombre. Los comunistas cubanos llaman “operación militar de Rusia en Ucrania” a la invasión destructiva y criminar que sigue teniendo lugar en este país.

La segunda cuestión hace referencia a las reuniones de la militancia por sectores y el seguimiento a los planteamientos realizados en ellas. Encuentros cuyo objetivo es implementar los acuerdos de las asambleas distritales y municipales del partido para, “avanzar, desde la base, en la solución de las dificultades económicas, sociales e ideológicas que tenemos”.  

El problema es que esto se quiere alcanzar con un debate “crítico y comprometido” y los tiempos que corren exigen soluciones prontas y valientes. ¿De qué sirven los 4.274 encuentros celebrados (el 96,8% de los previstos), los 12.209 planteamientos o la reflexión de 480.000 militantes si la economía cada vez va a peor, y no se ha adoptado una sola medida que ayude a reactivar los indicadores principales? Con debates no se come. Hay que bajar al surco o a la línea de producción.

La tercera cuestión que preocupa a los comunistas cubanos ha sido la “ejemplaridad” y el funcionamiento del partido al cierre del primer trimestre del año 2022, como si se tratase de los resultados de una corporación mercantil. Se destacaron las 59.351 organizaciones de base, la militancia encaramada en 708.858, inferior en 4.376 a diciembre de 2021, eso sí tienen previsto al inicio de marzo 54.148 autorizaciones. Con estos datos, se concluyó “que se está logrando un comportamiento estable en la mayoría de los indicadores; no obstante, urge modificar las formas de actuación y exigir porque se resuelvan problemas de indisciplinas en núcleos y de militantes, reforzando la preparación político-ideológica y la ejemplaridad”. ¿Ruido de sables? ¿Hasta dónde pueden llegar esas indisciplinas? Ojo al dato.

La cuarta hace referencia a la política de cuadros en el sector empresarial estatal, y a tal fin se refirieron los 1.688 encuentros desde el 4 de enero hasta la fecha con jefes de entidades y sus reservas, incluyendo organizaciones superiores de dirección empresarial, empresas y unidades empresariales de base. Toda la sociedad y la economía cubana al servicio del partido comunista. Este proceso, dicen que “ha permitido profundizar en la efectividad del trabajo de las organizaciones de base del partido, aunque en no pocos lugares se aprecia formalismo y una débil exigencia y control sobre la labor de dirección de los jefes, entre otras limitaciones”. Los comunistas tirando piedras contra su propio tejado, como si esos problemas que detectan no fueran de su única responsabilidad.

Se destacó la mejora del conocimiento y dominio de los principales problemas de la empresa estatal socialista, y con ello “disponer de una caracterización más objetiva de sus jefes y reservas, y de las potencialidades de los secretarios generales de las organizaciones de base”, lo que alguno podría identificar con una próxima ola de relevos y cambios al frente de las empresas estatales.

Los comunistas se dedicaron a hablar de los resultados de la política de cuadros al cierre del primer trimestre de 2022 en el Partido, la UJC y las organizaciones de masas, “destacando la renovación de los cuadros, el trabajo con las canteras que ofrecen las mayores perspectivas de desarrollo, y a la incorporación de cuadros jóvenes procedentes de la UJC”. La juventud cubana ha dado la espalda al partido único desde hace tiempo. Tienen sus razones.

Finalmente, los comunistas cubanos hablaron de “la transformación del modelo de gestión de los medios de prensa, que está impulsado por los señalamientos críticos realizados en el Informe Central al 8vo. Congreso del Partido sobre estos, la política informativa y la comunicación social”. Esto si que les interesa, y desde luego es inquietante.

Esta iniciativa, de la que poca información se ofreció, contempla entre sus acciones “crear un fondo de fomento para la comunicación, con alcance local o nacional; e incorporar la contribución territorial (uno de los impuestos más relevantes) para el desarrollo local como factor dinamizador de la comunicación y el fortalecimiento de los medios en los municipios”.

Se propone, realizar con carácter experimental “modificaciones en el modelo de gestión de un grupo de medios seleccionados –municipales, provinciales y nacionales–, y constituir un grupo de trabajo temporal multidisciplinario e interinstitucional para dar seguimiento a la implementación de las acciones para la transformación del modelo de gestión”. Poco más. ¿Se trata de libertad de prensa? ¿solo para los comunistas?

Elías Amor Bravo economista

El sentido de la propiedad estatal de los medios de producción va quedando superado por el paso del tiempo en el régimen castrista. El colectivismo impuesto por la llamada revolución se ha resquebrajado con el paso del tiempo, pero se mantiene en sus postulados básicos.

Los comunistas cubanos se aferran a sus creencias, pero saben que están ante un caso perdido. Primero arrendaron la tierra a los actores privados para que produjeran para resolver la falta de comida. Fracasaron. Después los hoteles o las minas a grandes corporaciones internacionales que acabaron extrayendo rentas sin el aporte tecnológico esperado. Otro fracaso.

Ahora vuelven a la carga con los espacios y edificios públicos, que pretenden arrendar a los actores privados en virtud de una resolución del ministerio del comercio interior, la número 40/2022 titulada “Procedimiento para la Licitación del Arrendamiento de Establecimientos del Sistema del Comercio Interior ” en la gaceta oficial número 31 del pasado 21 de abril.

Dudas ¿Van a arrendar las tiendas en MLC? No lo creo. ¿Tal vez piensan cobrar el arrendamiento en MLC? No lo dice la resolución en ningún sitio. Al igual que antes, nos encontramos ante una norma inservible, para mejorar el funcionamiento de la economía. Veamos por qué.

De hecho, ya existía otra resolución similar, la número 48, de 8 de marzo de 2021, que establecía el procedimiento para la licitación de los establecimientos estatales pertenecientes a las entidades del comercio, la gastronomía y los servicios de la subordinación local y de las entidades nacionales del sistema de comercio, para su gestión por formas no estatales de gestión. ¿Ha servido para algo? No lo parece. Se deberían evaluar los resultados públicamente, antes de promulgar otra norma similar.

De modo que con la experiencia de apenas un año, los dirigentes comunistas han decidido actualizar las regulaciones para el procedimiento de licitación, “con el objetivo de incrementar la participación de los nuevos actores en la economía, propiciar el desarrollo, la diversificación de la producción, encadenamientos productivos y el bienestar económico y social”. Más burocracia, más injerencia política, procesos poco definidos y generales, y en definitiva control absoluto por el régimen abrigan expectativas de fracaso de esta norma.

La regulación vuelve por los mismos derroteros, fijando el procedimiento para la licitación del arrendamiento de los establecimientos que forman parte del patrimonio estatal de las entidades del comercio de subordinación local. Un aviso de quien manda, y de que las cosas pueden ponerse difíciles en cualquier momento. Al igual que en la resolución anterior, solo se incluye a los efectos de esta resolución, los establecimientos de venta de mercancías, gastronomía y servicios, a los que se añaden ahora los de las organizaciones superiores de dirección empresarial atendidas por el ministerio de comercio (una novedad respecto de la regulación anterior) para su gestión por formas estatales y no estatales. De este modo, el régimen expresa su deseo de no aplicar la norma a todo lo que no sea venta de mercancías, gastronomía y servicios.

Para ello se define un procedimiento que, por medio de licitación concede el uso y disfrute de un inmueble en arrendamiento, de modo que la propiedad privada queda completamente excluida. Los requisitos a cumplir para la licitación del arrendamiento de los establecimientos son numerosos, partiendo del obvio, de que debe haber establecimientos para arrendar, ya sea funcionando o cerrados, que deben ser aprobados en el reordenamiento de la red minorista del comercio interior por la Asamblea Municipal del Poder Popular correspondiente.

Se desconoce cuál es la cifra de estos establecimientos susceptibles de arrendamiento. La convocatoria, al máximo nivel político, se realiza por el consejo de la Administración Municipal o el Gobernador. También la norma establece que debe existir demanda, lógicamente y la necesidad de recuperar establecimientos de venta de bienes y servicios, incrementar las ofertas, así como mantener y potenciar la red de servicios básicos a la población.

La resolución fija que el procedimiento de licitación se debe regir por los siguientes principios: a) transparencia, b) igualdad, c) publicidad, d) concurrencia, e) competencia y f) eficiencia y razonabilidad. Y se autoriza la participación de: a) trabajadores del establecimiento que se licita, b) trabajadores por cuenta propia, c) cooperativas no agropecuarias, d) proyectos de desarrollo local, e) entidades estatales, f) micro, pequeñas y medianas empresas, g) formas productivas de la agricultura y h) actores locales que soliciten gestionar el establecimiento para desarrollar proyectos de desarrollo local o cualquiera de las formas de gestión no estatal.

La entidad que licita es la empresa estatal que administra el establecimiento y para ello se constituye por el jefe de cada entidad una comisión de licitación, que se encarga de ejecutar el proceso y de proponer a la aprobación del Consejo de Dirección de la empresa el oferente elegido para la adjudicación del arrendamiento. Esa dependencia de la comisión de los jefes de unidad fija una jerarquía para el procedimiento que lo vicia.

Todo a nivel político y bajo control. De hecho, la comisión se avala por el Gobernador o el Intendente de los consejos de la Administración Municipal y se integra por un número impar de miembros, representantes de las áreas técnicas, económico-financieras y jurídicas de la empresa, de la Dirección Estatal de Comercio o Dirección de Comercio, y del Sindicato al nivel correspondiente. En el caso de las empresas provinciales se requiere la participación de representantes de la estructura organizativa a nivel de municipio en el que está enclavado el establecimiento.

Realizada la convocatoria por el Gobernador o el Consejo de la Administración Municipal en función del tipo de activo, se inicia el procedimiento de licitación, con una duración de 30 días, por el Consejo de Dirección de la entidad que administra el establecimiento sobre la base del pliego de licitación que previamente elabora y se realiza el anuncio mediante la convocatoria (expuesta en los primeros 10 días) acompañada del pliego de licitación, en los medios de comunicación que se decidan.

Los pliegos de licitación deben contener la siguiente información:  a) Objeto de la licitación; b) identificación del licitante; c) plazo de duración de la licitación; d) lugar y fecha de entrega de las ofertas; e) lugar, fecha y hora en que se realiza la apertura de los sobres sellados que contienen las ofertas; y f) condiciones específicas de la licitación. Este aspecto de las condiciones específicas de la licitación es, sin duda, un aspecto que se debería detallar más.

En cuanto a los motivo que se argumentan para prohibir la participación en el procedimiento de licitación se citan algunos como haber cometido fraude o engaño en un procedimiento de licitación anterior, o haber sido sancionado por la comisión de delitos contra la economía nacional o los derechos patrimoniales.

No podrá participar quien posea una prohibición de ejercer una actividad u oficio que esté relacionada con el comercio interior u otra forma de actividad económica, siempre que los antecedentes penales no hayan sido cancelados, para el caso de las personas naturales o haber sido objeto de medida disciplinaria de separación definitiva de la entidad, en el Sistema de Comercio Interior, sin estar rehabilitado de conformidad con la legislación laboral vigente, para el caso de las personas naturales.

Pero también se prohíbe presentarse a quien acuda a más de una convocatoria de licitación de establecimientos de forma simultánea, y la más llamativa de todas, ser residente o tener domicilio social de una provincia distinta de donde se encuentra enclavado el establecimiento a licitar.

Los solicitantes deberán entregar sus ofertas en sobres sellados que contienen la información siguiente: a) Datos personales del interesado; b) nombre del proyecto y presupuesto; c) descripción de las actividades que pretende realizar; d) interés de utilizar carteles u otras formas de publicidad, servicios artísticos y uso de música grabada o audiovisual; y e) proyecto de obra, en el caso de que se vaya a realizar una reparación capital o inversión que genere transformaciones en las condiciones del establecimiento, el que debe estar avalado por la empresa a la cual pertenece el inmueble. En todo caso, no parece razonable que se establezca una información similar para distintos proyectos.

Como ya se indicó las ofertas se entregan en un plazo de 10 hábiles a partir de los 3 días hábiles de expuesta la convocatoria; la apertura de los sobres se realiza dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de entrega de las ofertas, de cuyo resultado se deja constancia en acta notarial.

Cualquiera de los oferentes puede retirarse del procedimiento de licitación, comunicando su decisión a la empresa de forma previa al informe de los resultados de la comisión, manteniéndose el proceso con los demás interesados.

La norma establece que el examen, evaluación y adjudicación de la licitación se ajusta a las reglas y condiciones previstas en el pliego, de modo que si estas no son públicas, será muy difícil que se pueda realizar un seguimiento de los procesos. Para la adjudicación, la Comisión selecciona entre las ofertas la que asegure las mejores condiciones de precio, calidad, preparación técnica profesional, financiamiento y recuperación del establecimiento y los servicios identificativos de este, así como que esté en consonancia con los estudios de georeferencia de la red de Comercio Minorista, que genere empleos, promueva la inclusión social, estimule y consolide costumbres y tradiciones de la comunidad en armonía con la Estrategia de Desarrollo Local; además, tiene en cuenta el resultado de la revisión de los documentos, en correspondencia con la actividad a realizar. No se establece criterio de prioridad alguno en las puntuaciones de cada una de estas condiciones, por lo que se entiende que todas deben puntuar lo mismo.

Una vez realizada la selección por la Comisión, ésta la somete a la aprobación del Consejo de Dirección, el cual adopta la decisión mediante acuerdo. La persona seleccionada adjudicataria del arrendamiento de un establecimiento puede contratar a trabajadores del establecimiento. Con respecto a los trabajadores que no sean contratados por la persona seleccionada, la entidad arrendadora aplica lo establecido en la legislación laboral vigente. Es decir, se acepta la posibilidad de despidos.

A partir de la decisión que adopta el Consejo de Dirección se confecciona el informe público por la Comisión, el que contiene la información siguiente:  a) Nombres y apellidos y firma de los miembros de la Comisión; b) objeto de la licitación;  c) identificación de los solicitantes; d) razones económicas, financieras, jurídicas y preparación técnica que avalan la selección;  e) lugar, fecha y hora del informe; y f) número del Acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección de la entidad. ¿Dónde se pueden consultar estos informes públicos? Debería hacerse constar.

Para cerrar el principio de transparencia, el informe con los resultados se notifica a los oferentes en un solo acto, previa convocatoria de la Comisión. Y punto.

La burocracia del proceso obliga a la Comisión a confeccionar un expediente que contiene la información del procedimiento de licitación que es auditable y se conserva por la entidad que realiza la licitación por el período de cinco años. El expediente contiene los documentos siguientes: a) Autorización de licitación;  b) medio empleado para hacer público el pliego; c) pliego de licitación; d) ofertas entregadas; e) documento que acredita el acto de apertura de los sobres ante notario; f) el informe de la Comisión; y g) acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba la decisión de la adjudicación. ¿Tiene alguien alguna posibilidad de acceder a estos informes?¿Para qué se elaboran entonces?

Un contrato de arrendamiento fija las relaciones entre la entidad y la persona seleccionada, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. Si después de otorgado el arrendamiento del establecimiento la persona seleccionada no firma el contrato referido en el artículo precedente o si una vez firmado se retira, la empresa vuelve a convocar a los oferentes restantes y evalúa un nuevo otorgamiento a partir de la revisión de las ofertas entregadas en el proceso inicial, el cual se ejecuta en un término de 7 días hábiles o se realiza un nuevo procedimiento de licitación. Se deberían perfilar, en todo caso, las condiciones que den lugar a uno u otro procedimiento de salida.

Los oferentes pueden, en el término de 3 días hábiles a partir de la notificación de los resultados de la licitación, presentar a la Comisión solicitud de aclaración y la Comisión dar respuesta en los 5 días hábiles siguientes a la aceptación de esta.

Se autoriza al oferente, inconforme con la decisión de la adjudicación, el derecho a presentar recurso de reforma ante el Consejo de Dirección que decidió la licitación, en el término de 5 días hábiles a partir de la notificación del informe conclusivo. El Consejo de Dirección resuelve el Recurso en el término de 10 días hábiles siguientes a su presentación, lo que se notifica por la Comisión al oferente inconforme. Si el recurso de reforma es declarado con lugar, la Comisión convoca a los participantes para dar a conocer la nueva decisión. La decisión del Consejo de Dirección que resuelve el recurso de reforma es impugnable ante la vía judicial.

Se prevé que la empresa pueda proponer el traspaso o cambio de uso de un establecimiento seleccionado para la licitación, previamente aprobado en el reordenamiento de la red minorista del Comercio Interior, cuando se hayan realizado como mínimo 3 convocatorias para su arrendamiento sin que se hayan presentado oferentes.

Las direcciones generales y de Inspección Estatal de este Organismo, las organizaciones superiores de dirección atendidas por quien resuelve, las direcciones estatales de Comercio de los territorios y las direcciones de Comercio de Artemisa y Mayabeque quedan encargadas de velar por el cumplimiento de lo establecido en la resolución.

Elias Amor Bravo economista

Son dos fenómenos que han condicionado la vida del régimen comunista cubano desde hace seis décadas. Los dos se encuentran estrechamente relacionados. Y, además, han sido utilizados en beneficio propio por La Habana cada vez que ha querido.

Interpretar ambos procesos en un período de tiempo tan largo, puede llevar a olvidos, intencionados o no, que hacen muy difícil para el gran público, entender de qué se está hablando. Basta si no, leer el artículo de Granma titulado “¿A quién le interesa fabricar una «crisis migratoria» entre Cuba y EE. UU.?”, que se dirige al núcleo del meollo con un recuento de hechos que parecen sacados de un cuento imaginario.

Bastó con leer lo que se dice que en la década de los años 50 Cuba ya no recibía inmigrantes, y que, en cambio, lo que había era una salida masiva de cubanos a Estados Unidos, donde residían, dice el artículo, 100.000 cubanos en 1958. Nada que ver con los más de 2 millones de 2022. Pero da igual, cuando se trata de distorsionar la realidad y crear una alternativa, inexistente, los comunistas no tiene rival.

Y es que no tienen forma de hacer el ridículo, y se empeñan en ello, una y otra vez. Lo único que hay que hacer es ir a la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística e Información y consultar en el anuario estadístico de 2020, último publicado por cierto, la serie histórica de población residente por sexo, tasa anual de crecimiento y relación de masculinidad.

Si se toman los datos de 1950, 5.876.052 habitantes y se compara con el de 1960, 7.077.190 habitantes, se obtiene en esa década de los 50 un aumento de población de 1.201.138, equivalente a un 14%, el mayor de la serie histórica, ya que después en los años 60 el crecimiento relativo fue inferior, un 13%.

Pensar que ese aumento de población en Cuba durante los años 50 se debió solo a la natalidad y mortalidad, es inocente. En aquellos años, llegaron a Cuba medio millón de europeos tratando de realizar sus sueños, porque en sus países de origen les resultaba imposible. Cuidado con los datos, porque son un boomerang que devuelven el golpe.

A partir de esta constatación, la realidad confirma que la población cubana se vio afectada por el éxodo masivo de cubanos hacia el exterior. Una corriente que no se ha frenado en ningún año desde 1959 y que el régimen comunista ha manejado a su antojo, propiciando cada 15 años, más o menos, salidas masivas de población, 1965 Camarioca, 1980 Mariel, 1994 Guantánamo.

Los datos están ahí para quien quiera conocerlos, y no hace falta ir a inventarlos. Ese éxodo continuo de seis décadas ha producido un resultado en el que Cuba es líder a nivel mundial, por cuanto es el país que tiene un mayor porcentaje de sus nacionales viviendo en el exterior, nada más y nada menos que un 20%. Ni siquiera las potencias migratorias del tercer mundo alcanzan esos registros.

Los cubanos han dado la espalda al régimen que les obliga a vivir de una determinada forma, no deseada, y ante la imposibilidad de cambios democráticos, salen del país, porque en Cuba es imposible, con el partido comunista en el poder, abrir espacios a un proceso democrático y de libertades, Ni siquiera tampoco a reformas económicas que mejoren la prosperidad y la calidad de vida.

Pues bien y aquí viene la segunda derivada. El país que, a lo largo de esta historia traumática que ha impedido a los cubanos vivir en su país, ha acogido a más cubanos, Estados Unidos, se tiene que enfrentar, día si y al otro también, con un régimen político que a nivel internacional lo presenta como culpable de todos sus males, recogidos bajo la marca paraguas de Fidel Castro denominada “embargo/bloqueo” por cierto, inexistente.

Pero el argumento da para mucho con votaciones escandalosas en Naciones Unidas, informes adhoc en los que Cuba reclama miles de millones por el embargo, y un sinfín de majaderías, cada cuál más absurda. El embargo se ha convertido en una ensoñación castrista que no tiene el menor sentido común, si se piensa que entre Estados Unidos y Cuba existe un comercio de bienes que alcanza los 200 millones de dólares anuales, y de Estados Unidos Cuba recibe alrededor de 6.000 millones de dólares al año en remesas que ya los quisieran para si otros  países.

Y, a pesar de estas evidencias, los dirigentes de La Habana sacan el embargo a pasear cada vez que se les complican las cosas dentro, como está ocurriendo en los últimos tiempos, sobre todo desde que se lanzaron a aplicar la Tarea Ordenamiento, de consecuencias desastrosas para el país.

De modo que estamos ante un nuevo ciclo en el que los dirigentes comunistas pueden estar pensando en otra salida masiva del país para reducir las tensiones sociales internas provocadas por una pésima gestión de la economía, y culpar a Estados Unidos de todo, bajo el epígrafe del embargo/bloqueo, propiciando mediante unas negociaciones de pacotilla, que este país acabe acogiendo a los que tienen intención de abandonar la Isla en busca de un futuro mejor.

De este modo, bloqueo y crisis migratoria acaban siendo las dos caras de una moneda con la que el régimen juega y obtiene resultados ventajosos en la esfera internacional al tiempo que se quita de encima muchos problemas que no sabe, o lo que es peor, no quiere arreglar. Y así, más de 60 años cayendo en la misma trampa.