A lo largo de la historia hombres de ciencia y fe, como el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, nos vienen recordando que “El cambio es la única cosa inmutable” en el Universo. Basado en esa certeza siempre he propagado la idea, de que Cuba está inmersa en un proceso continuo e irreversible de cambios, que, por pequeños, suelen pasar desapercibidos a la mirada distraída del neófito y que se atrasan o adelantan de acuerdo al contexto de cada etapa por la que transita.

Ahora mismo se están alineando un conjunto de factores que imprimen velocidad a las transformaciones y le dificultan al observador la tarea de interpretar certeramente, sus cada vez más, diversas y notorias manifestaciones; pero que apuntan invariablemente a un cambio significativo del estatus quo.

El escenario cubano actual está regido por una profunda crisis económica cuya génesis es anterior a la pandemia provocada por la Covid 19, aunque haya sido agudizada por ésta, por el despertar de la conciencia ciudadana que se traduce en protestas callejeras, estimulada por la irrupción del internet y la universal adicción de los cubanos a las redes sociales, la novedosa rebelión que protagonizan artistas e intelectuales, el sonado desgaste de la retórica oficial, de la maquinaria propagandística y del prontuario represivo de la policía política, nos llevan a pensar, que las condiciones están maduras, y que un estallido social pudiera sobrevenir en cualquier momento. Ante la posibilidad, es válido comenzar a preguntarse; qué final depara una Cuba en democracia a todo aquel que de una manera u otra ha contribuido a la muerte, el encarcelamiento, el exilio forzoso, el asesinato moral de miles, sino, millones de cubanos.

El tema de los represores y que tratamiento debería dárseles una vez entremos en democracia resulta polémico, por lo que, a mi juicio, cualquier decisión que se adopte en el futuro debería evadir la lógica de las emociones y auxiliarse en el criterio acrisolado de la experiencia histórica.

Documentando el crimen

El primer paso debería ser conformar una Comisión de la Verdad, que se encargue de descubrir y revelar los crímenes del gobierno, con el afán de hacer justicia a las víctimas y con la esperanza que tan nefastas prácticas no se repliquen en el futuro.

En aras de adelantar esa labor, organizaciones de dentro y fuera de Cuba se encuentran recabando información tendiente a identificar a los victimarios y sus acciones. ONG como Archivo Cuba, con sede en Miami, ya llevan algún tiempo promoviendo proyectos que apuntan en este sentido. Por ejemplo, el “Proyecto de la Verdad y la Memoria” se encuentra documentando la muerte y desapariciones atribuidas al régimen castrista con el ansia de alentar un proceso de justicia transicional. El expediente que está conformando incluye las intervenciones internacionales de Cuba – particularmente en Venezuela y las prácticas de esclavitud moderna que el régimen de la Habana promueve a través de las llamadas misiones internacionalistas que involucran a personal de salud y profesionales de otras ramas.

Asegura Archivo Cuba que hasta el momento ha logrado documental más de 11 mil casos de muertes, de los cuales, 3116 corresponden a personas fusiladas y 1166 a ejecuciones extrajudiciales, aunque reconoce que es muy difícil saber los números exactos.

Otra ONG que ha adelantado pasos tendientes a pedir cuentas cuando el cambio hacia la democracia se concrete es la Fundation For Human Rights in Cuba. Sus acciones le han llevado a elaborar una base de datos que aparece en la página: www.represorescubanos.com. en la que asoman los perfiles, tanto, de represores violentos, entre los que destacan oficiales del Ministerio del Interior que han participado en el encarcelamiento y golpiza a opositores políticos, cómo, de represores de cuello blanco, en su mayoría asociados a programas e instituciones gubernamentales como son el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) entre otras.

Experiencias análogas se aprecian en las redes sociales como Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, donde los propios activistas han creado grupos de denuncia y se dedican a indagar la identidad de personas que participan de diferentes maneras en la represión directa al disenso político.

Pero esto no se queda ahí. Como líder del mundo libre los Estados Unidos de América ha tomado la iniciativa para castigar a criminales y violadores de los Derechos Humanos alrededor del Mundo. En el caso cubano, las sanciones a una decena de militares y funcionarios del régimen en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignación del Departamento de Estado, entre los que se encuentran Raúl Castro Ruz, Leopoldo Cintra Frías, Luis Alberto Rodríguez López –Calleja, Julio César Garandilla Bermejo, ya es un hecho. En lo adelante ninguno de los mencionados podrá aplicar por una visa para ingresar a los Estados Unidos, verán congelados sus bienes y se le prohibirá las transacciones, incluidas las remesas desde y hacia los Estados Unidos, afectando también a sus familiares.

Establecido el precedente, éstos, como otros que en el futuro puedan ser señalados por violaciones graves a los Derechos Humanos, quedan expuestos a ser sancionados bajo los acápites de la Ley Magnitski, con similares castigos a los arriba expuestos, o por la recién estrenada Prohibición de Khashoggi, enfilada a castigar a quienes amenacen a disidentes y periodistas, los familiares de estos individuos también pueden verse afectados. Desde que en noviembre de 1945 tuvo lugar en la ciudad alemana de Núremberg el famoso juicio contra los criminales de guerra Nazi, la humanidad no había contado con herramientas tan poderosas para castigar al crimen contra la humanidad.

Un año más tarde desearás haber empezado hoy. (Karen Lamb)

Atrás quedaron los días en que los represores de baja y mediana gradación – casi siempre los gestores directos de la violencia- apelaban a la Ley de Obediencia Debida, concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores, por lo que quedan exentos de responsabilidades, como sucedió con el sector castrense en la Argentina de 1987 cuando el gobierno de Raúl Alfonsín dictó la disposición legal n.º 23 521.

Desde entonces los mandos medios y bajo han debido cargar con el fardo de la culpa, pues los superiores, con importantes engranajes en las altas esferas del poder político y económico, han contado con los recursos suficientes para eludir la justicia, ya sea a través de arreglos con las élites emergentes o huyendo del país hacia naciones que no cuenten con tratados de extradición; eso sí, con sus fortunas a buen recaudo en paraísos fiscales.

Desde finales del siglo XX y lo que va de este, no pocos países Latinoamericanos o africanos han visto emerger y caer a dictaduras de diversos signos ideológicos y tras ello, el inicio de sendos juicios contra los represores de turno. Pareciera que cada vez, con más insistencia, la conciencia mundial elige no tolerar comportamientos que lesionan la integridad física o moral de las víctimas.

Una carta emitida recientemente por un grupo de ex oficiales del Ministerio del Interior (MININT) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que residen dentro y fuera de Cuba, les recuerda a sus colegas que “Una casta mafiosa imparte hoy órdenes represivas a los cuerpos armados contra nuestros compatriotas. Esas son órdenes inmorales. Nadie debe cumplir órdenes represivas contra nuestras familias, vecinos, amigos y demás ciudadanos. Exhortamos a todo el que pueda hacerlo que solicite su baja o jubilación de esos cuerpos. Basta ya de reprimir mujeres, ancianos, niños y jóvenes que exigen una vida digna”.

Aunque el documento no lo manifiesta explícitamente, implícitamente  le recuerda a la oficialidad que cuando se dé el cambio en Cuba, quienes hayan decidido atentar contra el bienestar y la integridad de la ciudadanía cumpliendo las órdenes emanadas de sus superiores, estarán sometidos a procesos judiciales domésticos e internacionales, además de tener que soportar la vergüenza, que le perseguirá por el resto de sus vidas, de ser expuestos ante la opinión pública y la familia las ignominiosas fechorías cometidas por ellos.

Sin embargo, para quienes siguiendo los dictámenes de su conciencia decidan desconocer cualquier orden de disparar al pueblo y por el contrario resuelvan proteger a los ciudadanos, (de donde emana la verdadera autoridad) o aquellos que sin haber manchado sus manos de sangre o haber cometido actos oprobiosos de imposible aceptación, soliciten su baja o jubilación de los cuerpos militares, habrá oportunidad de tener una vida sosegada y tranquila en el nuevo orden social que se instaure en la isla.

Esto lo confirman las transiciones en la Europa del Este. Por ejemplo, en el caso de Checoslovaquia se estableció un amplio debate para determinar cómo proceder con quienes habían contribuido de una manera u otra al sostenimiento del régimen comunista sin que cometieran faltas graves en su actuar.

En vez de cebarse en rencores y encarcelar a este tipo de individuos, durante el año 1991 las autoridades checas aprobaron la ley 451/1991 que establecía un conjunto de condiciones para poder ejercer cargos en la administración del Estado.

La medida fue conocida como “Ley de Lustración “y dispuso que, quienes figuraran en los archivos de la Policía Política como colaboradores, miembros de las Milicias Populares, dirigentes del Partido Comunista, fueran impedidos de ejercer ningún cargo directivo en la administración estatal, las universidades, liceos, etc.

No obstante, la legislación dejaba espacio para la redención. De entre todos ellos, a un grupo de policías y militares al que no se le encontraron faltas graves, se les incorporó a los cuerpos policiales y del ejército que nacían tras la disolución de las antiguas instituciones vinculadas al régimen comunista.

Quienes hoy medran en los diversos cuerpos represivos del gobierno cubano deberían escuchar el consejo del conocido actor de cine norteamericano Eliot Goeld cuando nos dice: “Nadie puede ser esclavo de su identidad: cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar”.

El guardia, el funcionario partidista, el militar, el fundamentalista que hoy reprime al activista que le adversa, debería entender de una vez y por todas que estos son tiempos de cambio, que la línea de no retorno es imprecisa y brumosa y que una vez que se rebasa se pierden las posibilidades de retorno.